El 22 de julio de 2019 se cumplieron 3 años de la captura de líderes defensores de derechos humanos, específicamente del derecho al agua y de la gestión comunitaria del agua en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán.
Las 7 Comunidades de Tacuba han mantenido la lucha por preservar su sistema comunitario de provisión de agua, que beneficia a aproximadamente 2,000 familias, ya que el exalcalde del partido ARENA, Joel Ramírez Acosta, retorciendo la leyes pretendió adueñase del referido sistema y ante la resistencia popular recurrió a criminalizar la legitima lucha por el agua y para ello tuvo la colaboración del fiscal auxiliar Miguel Santiago Gross Salazar, que sin pruebas han intentado que se condenen a los defensores de los derechos humanos
En horas de la madrugada los líderes comunitarios fueron capturados y encarcelados, tratados injustamente como delincuentes. Ante este hecho abominable los habitantes de las 7 comunidades han exigido justicia a favor de sus líderes en las diferentes audiencias judiciales.
La presión de las comunidades y de las organizaciones sociales, la falta de pruebas y la defensa técnica del equipo jurídico contribuyó que el Juez de Paz de Tacuba determinara que no había motivo para que permanecieran presos y fueron liberados el 31 de julio de 2016, continuando el proceso sin encarcelamiento.
Durante el proceso judicial los defensores de los derechos humanos han contado con el apoyo incondicional de los habitantes de las 7 comunidades, PRO-VIDA, Foro del Agua, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, ADESCOS y Juntas de Agua de distintas zonas del país que exigen justicia y un alto a la criminalización de los defensores del derecho humano al agua.
La lucha continua y queda en evidencia que la FGR ha pretendido utilizar al sistema judicial para tratar de enjuiciar a defensores de derechos humanos con el fin de reprimir las legítimas luchas de las comunidades en la defensa del agua y de los bienes comunes.
Con el cambio de gobierno municipal se iniciaron los diálogos con el actual alcalde señor Carlos Milla, quien se ha comprometido “a devolver el sistema de agua a sus legítimos propietarios: las 7 comunidades de Tacuba”, y además de desistir de la persecución penal. En ese sentido, se han realizado siete asambleas comunitarias para elegir a las personas delegadas y refundar en una “Asamblea General” la Asociación de Desarrollo Comunal La Bendición de Dios (ADESCOBD), y así elegir la “Junta Directiva” que recibirá legalmente el sistema de provisión de agua potable, y así el patrimonio comunitario retorne a sus legítimos propietarios.
Las siete asambleas comunitarias se realizaron con la presencia del alcalde de Tacuba señor Carlos Milla, con una delegación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PRO-VIDA), así mismo la observación y seguimiento de entidades extranjeras como Solidaridad Internacional (ANDALUCÍA), Colectivo “Madre Selva” y OXFAM.
Las 7 Comunidades de Tacuba solicitan el cumplimiento de los compromisos asumidos por el señor alcalde Carlos Milla, quien ha reiterado públicamente que devolverá el sistema de agua potable a la legítima y legal propietaria que son las 7 comunidades y así poner fin a este caso.
Lo anterior demuestra que es urgente y necesaria la aprobación de una Ley General de Aguas que reconozca la gestión comunitaria del agua y asegure la plena vigencia del derecho humano al agua y excluya cualquier modalidad de privatización.
Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA
23 de julio de 2019.
