El país está a la víspera de las elecciones legislativas y de concejos municipales, campaña electoral que inició el 28 de diciembre de 2020 y finalizará el próximo 24 de febrero, plazo en el cual se permite a los candidatos y candidatas solicitar de manera directa el voto del electorado. Consideramos que en la presente campaña a la fecha ningún candidato o candidata ha expresado cuáles son los ejes de trabajo para la legislatura 2021-2024 en propuestas en materia ambiental y sobre todo ante evidentes violaciones al derecho humano al agua y a la sustentabilidad ambiental del país.
Las ofertas electorales de los partidos políticos, así como las diversas candidaturas han omitido propuestas para la protección de la naturaleza y el disfrute del derecho a un medio ambiente sano. A manera de ejemplo, el despojo y contaminación del agua no forma parte del discurso electoral, el impacto que el mercado de la especulación inmobiliaria causa en los territorios, la contaminación y salinización de las aguas por parte de la agroindustria azucarera en la zona costera, la falta de participación popular en la gestión ambiental, la poca transparencia ambiental, la ratificación de la reforma constitucional al derecho humano al agua y una legislación secundaria que lo regule. La atención a la crisis ecológica en El Salvador hoy por hoy muestran que no es eje prioritario para los candidatos y candidatas, a pesar que conocen el impacto y la vulnerabilidad que está causando en las comunidades.
Demandamos de los candidatos a diputados y alcaldes:
I. El reconocimiento constitucional del derecho humano al agua y al saneamiento, así como el derecho a la alimentación;
II. La aprobación de la Ley General de Aguas, la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, así como la Ley de Soberanía Alimentaria;
III. Medidas legislativas que promuevan la transparencia ambiental y la participación popular en asuntos ambientales; y
IV. Medidas Legislativas que prohíban el comercio y uso de agrotóxico;
V. La recuperación de las zonas de recarga hídrica;
VI. La descontaminación de los ríos;
VII. La regulación estricta del mercado de la especulación inmobiliaria; y
VIII. Aprobar una ley que garantice el respeto y protección de las personas defensoras de derechos humanos entre los cuales se encuentran quienes se dedican a la preservación y cuido de nuestro medio ambiente.
IX. A que se emitan recomendables al Órgano Ejecutivo para la suscripción del “Acuerdo de Escazú”; y su posterior ratificación.
