COMUNICADO
A 3 AÑOS DE GOBIERNO EXIGIMOS ACCIONES REALES PARA EL CESE AL ALTO COSTO DE LA VIDA Y DENUNCIAMOS FALTA DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL SECTOR AGRICOLA SOBRE TODO DE SUBSISTENCIA QUE YA ESTÁ PONIENDO EN RIESGO LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LAS POBLACIONES EN CONDIONES DE MAYOR V
ULNERABILIDAD.
Las organizaciones que integramos la Mesa Justicia Climática conformada por campesinas y campesinos agricultores, juventud, cooperativistas, ambientalistas y población indígena ante el pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional denunciamos que a 3 años de gestión del gobierno vivimos las siguientes afectaciones:
Daño al sector agropecuario
La falta de políticas públicas para incentivar la agricultura en el país, aunado al alto costo de la vida que afecta e impacta a la población campesina y productoras de granos básicos y alimentos para la población salvadoreña, el gobierno ha preferido invertir en la compra de bitcoin con fondos públicos, en vez de apoyar el sector agropecuario, incentivar la economía del país y luchar contra el hambre.
El Gobierno eliminó 5 programas vitales del sector del agro, para la recuperación de la agricultura siendo: 1. Desarrollo y modernización rural 2. Atención comunitaria, 3. Amanecer Rural, 4. Agricultura Familiar y 5. Acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema. Este año 2022 le quitaron 4 millones al presupuesto para la distribución de paquetes agrícolas, reduciendo el número de personas beneficiarias con el paquete agrícola. Vemos hay una política de golpe al sector de productores de granos básicos a pequeña escala, en un contexto de encarecimiento de los insumos agrícolas. Además, las importaciones de bienes agropecuarias han crecido 28% hasta marzo, generándole una fuerte competencia a la producción nacional. El año pasado aumentaron 18%. También están creciendo las importaciones de bienes de consumo industriales, en un 25% hasta marzo de este año.
Deuda de aprobación de leyes en favor de la población:
Estos 3 años han estado marcados: por enviar a archivo todas las iniciativas de leyes y reformas, muchas surgidas del movimiento social, que estuvieron esperando su aprobación por más de 13 años en la Asamblea Legislativa. Entre ellas la ley General de Aguas, no tomaron en cuanta la propuesta de las organizaciones, y aprobaron la nueva ley, denominada Ley General de Recursos hídricos en diciembre 2021, ésta permite a las grandes empresas la explotación anual de más de 365,000 metros cúbicos de agua hasta por 15 años, constituye una privatización de los servicios del vital líquido y que pone en desventaja e incertidumbre a Sistemas Comunitarios de Agua que abastecen a poblaciones más pobres.
Alto costo de la Vida
La inflación de 2021 fue de 6%, la más alta desde 1996. Este año, 2022, va en 2.76% hasta abril, lo que indica que podría llegar a 8%. La inflación es un índice general de una canasta de mercado muy grande. Pero si analizamos la evolución de la canasta básica alimentaria de las familias, que se compone de 22 productos en el área urbana y 15 en el área rural, su encarecimiento es mucho mayor, en estos últimos años.
Productos como el tomate, los frijoles, el arroz, el aceite, el pan, los lácteos, las verduras, las frutas, los cereales, la leche entre otros, se han encarecido entre 40% y 80%. También se han encarecido la energía, el agua y los combustibles, alza que afecta a los sectores populares o en condiciones de mayor vulnerabilidad y a las capas medias, que, a su vez, son quienes más impuestos pagan y los que menos ingresos tienen. Los sectores populares han tenido que eliminar la compra de productos o saltarse un tiempo de comida.
Exigimos transparencia
De acuerdo a la organización de la trasparencia Internacional de la coalición Global de la corrupción, El Salvador ha sido reconocido por la reducción histórica de los índices de transparencia, de la suspensión de los servicios del Instituto de Acceso a la Información pública, así como la constante declaración de información reservada, emisión de una lista de funcionarios sospechosos de corrupción o narcotráfico, de hechos de corrupción durante la pandemia, abusos de poder con la estigmatización, privación de información pública y obstrucciones a la labor periodística.
El Gobierno anunció la ruptura del convenio que creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Esta informó a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre 12 posibles casos de corrupción que incluían a funcionarios del gobierno actual.
Ataques a organizaciones contraloras y defensoras de Derechos Humanos
A lo largo de la gestión del Gobierno, ha lanzado una campaña de desprestigio contra las organizaciones de la sociedad civil, movimiento feminista, medioambientalistas, periodistas, sindicatos, defensoras de derechos humanos y del movimiento popular, realizo allanamiento a 7 ONGS, levantando falsas acusaciones y mentiras, al gremio periodístico se ha dedicado a difamar, perseguir y jaquear las comunicaciones e información.
A pesar de querer anular la movilización y callar las voces del movimiento social, infundiendo miedo y temor, con retenes policiales, el movimiento popular y social se ha fortalecido, unido y cohesionado para actuar en contra de las violaciones a los derechos humanos, retrocesos constitucionales, a políticas públicas y leyes antipopulares, la medicina amarga que anuncio en la toma de posesión y medidas que afectan a la población salvadoreña, reflejado en todo lo antes mencionado.
Quebrantamiento de la democracia
Además de la falta de garantías para que se haga cumplir la Ley de Acceso a la información, el oficialismo también terminó de concretar un golpe al Órgano Judicial al sacar a más de un centenar de jueces de la República, a través de un decreto señalado por expertos, como inconstitucional. Jueces como el del caso de la Masacre de El Mozote quedaron fuera. Así como destitución de la corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la Republica.
Estado de excepción:
El Gobierno inicia su cuarto año con un régimen de excepción prolongado desde hace más de dos meses, desde su aprobación el 27 de marzo. En este contexto hay más de 700 denuncias de violaciones a derechos humanos y, según el gobierno, más de 30,000 personas capturadas, muchas sin vínculos con las pandillas y a cuyas familias les han negado información del estado de cada caso, así como claridad sobre el fallecimiento de personas que han sido encarceladas.
La Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado al respecto y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sigue sin entregar un informe de manera pública sobre dicha situación.
El 5 de abril, el Ejecutivo envió un pliego de reformas a la Asamblea, entre ellas, una al Código Penal en la que establecen penas de 10 a 15 años de cárcel para quienes difundan material presuntamente elaborado por pandillas. Incluyendo a los medios de comunicación.
La estigmatización de los críticos del Gobierno, desde entonces, pasa por vincularlos con pandillas. El recuento de lo actuado por el Gobierno en su gestión deja varios cuestionamientos y preocupaciones en la oposición y la sociedad civil.
San Salvador, 06 de junio de 2022.
