El 19 de noviembre de 2019, CARECEN, CISPES organizaciones salvadoreñas de residentes en los Estados Unidos, en coordinación con la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, entregan más de 600 cartas suscritas por ciudadanas y ciudadanos de diferentes lugares del mundo, con el objetivo de solicitar al Fiscal General de la República de El Salvador #FGR, licenciado Raúl Melara, detenga la persecución y criminalización de los defensores del derecho humano al agua de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán.
Asimismo, se eleva la denuncia ante la comunidad nacional e internacional ya que se ha utilizado el poder punitivo del Estado, con la finalidad de criminalizar la defensa de los derechos humanos, específicamente del acceso al agua potable para las comunidades más pobres de El Salvador.
Además de forma inexplicable la Fiscalía General de la República no ha procedido en contra del exalcalde Joel Ernesto Ramírez Acosta, a pesar que se han presentado denuncias penales debidamente documentadas. Nos parece inaudito que se invierta dinero en la persecución de defensores de derechos humanos cuando la FGR aduce falta de recursos para la persecución de estructuras criminales.
Es sospechosa la oposición del fiscal auxiliar licenciado Miguel Santiago Gross Salazar a la solución pacífica y legal que se acordado con el actual Alcalde de Tacuba, Luis Carlos Milla, quien junto a la mayoría del Concejo Municipal acordaron desistir de acusación penal contra defensores de derechos humanos de las 7 Comunidades de Tacuba.
Lo anterior demuestra que la Asamblea Legislativa no ha cumplido con el derecho humano al agua, al no aprobar una Ley General de Aguas que reconozca la gestión comunitaria del agua y asegure la plena vigencia del derecho humano al agua y excluya cualquier modalidad de privatización.
