El pasado 9 de noviembre el Ejecutivo presentó, por medio de su ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros. De acuerdo a los voceros del presidente, esta Ley les permitirá defender la soberanía nacional y la dignidad del país, con esta Ley se prohíbe explícitamente la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y las ONG fachada disfracen de donación lo que es injerencia extranjera, con lo que se garantiza la estabilidad social y política de nuestro país.
A partir de un análisis exhaustivo de la Ley, el Foro del Agua señala algunos aspectos que consideramos de riesgo a nuestro trabajo por la justicia, la sustentabilidad y el derecho humano al agua en El Salvador:
- Este Proyecto intenta estigmatizar, descalificar y discriminar las exigencias que realizan los diversos colectivos, como es la demanda de agua limpia, defensa de la sustentabilidad y vida digna, que no han sido garantizados por el Estado Salvadoreño y que ha requerido en los últimos 35 años el apoyo de la cooperación internacional.
- La Ley impondría la sanción más grave –cancelación de personalidad jurídica–además de multas por incumplimientos técnicos y subjetivos, y a nivel práctico, suspensión de actividades por no registrarse como agente extranjero, aun cuando no está claro si sea factible hacerlo en el tiempo establecido.
- El Proyecto de Ley aplicaría un impuesto del 40% a cada transacción financiera, desembolso, transferencia u otro trámite proveniente de fondos de un “mandante extranjero” (Art. 10), lo que sin duda impactará en el trabajo que las organizaciones sociales hemos desarrollado en pro del derecho humano al agua, principalmente en el abastecimiento de agua potable rural.
Antecedentes del Abastecimiento Rural y las Juntas de Agua Potable
El abastecimiento de agua potable y saneamiento en el sector rural es una deuda histórica del Estado salvadoreño, desde que se creó ANDA en 1961 centró su atención en las grandes poblaciones urbanas, pese a que su Ley de Creación establece que su función es “proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República de ‘Acueductos’ y ‘Alcantarillados’…” (Art. 2, Ley de Creación de ANDA), excluyendo y dejando injustamente rezagada a este importante segmento de la población. El abastecimiento rural fue retomado por el Ministerio de Salud, implementando diversos programas financiados por agencias internacionales como la ONU, la OEA, entre otros, algunos de ellos fueron: el Programa de Introducción de Agua Potable en el Área Rural (PIAPAR) y el Plan de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), logrando construir entre los años 70 y 89 un poco más de 300 sistemas de agua potable, administrados por el MINSAL.
Con la llegada de ARENA al gobierno en los 90, en el marco del neoliberalismo la importancia del abastecimiento rural se hace cero, se elimina el financiamiento, por lo que MINSAL entrega la oficina PLANSABAR y la gestión de los sistemas rurales a ANDA, hasta que finalmente en 1995, el expresidente de la República Armando Calderón Sol lo cierra y deja en abandono los más de 300 sistemas rurales que hasta esa fecha se habían construido. El debilitamiento de la gestión comunitaria desde la ausencia de capacidades técnicas y asumiendo grandes responsabilidades enfrentando quiebra y la falta de funcionamiento.
Desde 1995 el tema fue abandonado por el Estado, es asumido directamente por las comunidades, con la ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional y algunas alcaldías con el apoyo del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). A partir de la intervención de esta variedad de actores en la provisión del abastecimiento y saneamiento rural, surgen las juntas administradoras de agua potable del sector rural, un modelo de administración comunal, desvinculada de la regulación y el apoyo del Estado.
Es así, que desde los 90 hasta la fecha en El Salvador se han construido y continúan construyéndose más de 2500 juntas de agua potable, rurales y urbanas, que en total abastecen a 1,4 millones de personas, equivalente a cerca del 25% de la población; los cuales, en más de un 60% han sido gestionados, construidos y administrados por las mismas comunidades con fondos de la cooperación internacional canalizados por las ONG nacionales y organizaciones de la cooperación solidaria.
El reto es grande, pues, existen más de 560,000 personas en la zona rural que no tienen acceso al agua potable (EHPM, 2019) y que, hasta hoy, la gestión de fondos internacionales que realizan las ONG es la única esperanza que tienen. Pues, con el cierre del FISDL y la eliminación del FODES, se desvanecen las posibilidades de financiamiento público al sector; pues, revisando el presupuesto 2021 para ANDA y el del Ministerio de Desarrollo Local no se destinó fondos para la inversión y fortalecimiento de los sistemas comunitarios; tampoco se prevé inversión para estos en el Presupuesto 2022.
Por lo tanto, nos preocupa, que El Estado Salvadoreño no invierte en estos sistemas comunitarios, y además recorte el 40% a cada transacción proveniente de cooperación internacional; reduciendo así la capacidad de sostenibilidad de estos sistemas.
Ante esta situación el Foro del Agua El Salvador rechaza los intentos de estigmatización y descalificación de nuestras luchas por la justicia, por la sustentabilidad y el derecho humano al agua que tiene implícito el discurso que emite el gobierno al promover la propuesta de Ley del Agente Extranjero.
En ese sentido, exigimos al Ejecutivo que retire la Propuesta de Ley de Agentes Extranjeros por las afectaciones directas a las organizaciones sociales, y sobre todo a las más de 560,000 personas sin abastecimiento y las 2500 juntas de agua potable rurales y urbanas en el país; y que en su lugar promueva políticas públicas, leyes e inversiones para el fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas rurales que abastecen de agua a las comunidades.
¡Nuestra lucha es por justicia!
¡Alto al robo y despojo del agua en los territorios!
San Salvador, 15 de noviembre de 2021.
