El 13 de octubre fue designado por las Naciones Unidas ONU, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y en este año 2020 se trata de gobernanza. Por lo que una buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en las vidas salvadas ante una situación de emergencia, reducción del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas. El Salvador cuenta entre los países más vulnerables del mundo ante eventos naturales según el informe realizado por el equipo de Coordinación y Evaluación de Desastres de Naciones Unidas (UNDAC), concluyendo que alrededor del 90 por ciento del territorio está en riesgo y el 95 por ciento de la población vulnerable ante un desastre.
Esta condición de riesgo del territorio y vulnerabilidad de la población está relacionada con la enorme brecha de desigualdad social, la acumulación de la riqueza en pocas manos en detrimento de la mayoría de la población que no es resiliente ante un desastre, el modelo de desarrollo implementado en el país que privilegian la ganancia sobre la vida con la exclusión social, violación de derechos humanos, un sistema permisista a la depredación ambiental y desorden urbanístico.
El manejo de la pandemia del COVID-19 y los daños ocasionados por las recientes tormentas tropicales Amanda y Cristóbal como resultado del Cambio Climático, nos dejan en evidencia la necesidad de una gobernanza eficiente en el país, la claridad de orientación de la intervención del Estado para apostarle a la reducción de riesgos a desastres desde una forma preventiva, prospectiva y correctiva, una institucionalidad que funcione de forma planificada, competente.
PRO-VIDA acompaña, empodera y fortalece las capacidades locales de comunidades más vulnerables del país, reconociendo que son las primeras en actuar ante una situación de emergencia salvando vidas.
