Hoy en conferencia de prensa en horas de la mañana en San Salvador, las organizaciones del Foro del Agua El Salvador presentamos Informe de situación sobre “Injusticia Hídrica y Responsabilidad del Estado ante Violaciones al Derecho Humano al Agua, el derecho a defenderlo y otros”
Organizaciones miembras del Foro del Agua El Salvador en el marco de la visita in loco realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha preparado el Informe titulado “Injusticia Hídrica y Responsabilidad del Estado ante violaciones al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y otros” con el objeto de identificar, exponer y denunciar ante esta instancia regional los diversos mecanismos y estrategias desarrollados por el Estado y particulares mediante las cuales se violan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente el derecho de asociación, a una vida libre de violencia contra las mujeres, humano al agua, medio ambiente sano, movilidad y desplazamiento forzado.
Este informe a CIDH lo presentamos “Amparados en el “Protocolo de San Salvador” de 1988, Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La situación del agua en El Salvador es crítica, más de setecientas mil personas se abastecen de agua no segura mediante pozos, ríos y quebradas; 1.4 millones la reciben mediante juntas de agua potable rurales en condiciones de precariedad y sin la tutela del Estado, contaminación generalizada de los cuerpos de agua superficiales; estrés hídrico, gestión ambiental deficiente e impactos crecientes del cambio climático que afectan directamente el régimen de lluvia.
En este contexto este informe recoge la experiencia documentada por el Foro del Agua y acompañada por sus organizaciones en tres casos emblemáticos que son el fiel reflejo de la impunidad, aplicación parcializada de la justicia en contra de las personas defensoras y a favor de los intereses económicos y de grupos de poder, la violación del derecho humano al agua y otros derechos fundamentales, inoperancia estatal, para actuar oportunamente y prevenir que se den situaciones de persecución, amenazadas y criminalizadas en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Los casos denunciados presentados son: 1. El proceso Criminalización Judicial en contra de los directivos de la Junta de Agua la Bendición de Dios que abastece a 7 comunidades en el municipio de Tacuba en Ahuachapán; 2. La Persecución en contra de personas miembras de juntas de agua, principalmente mujeres de comunidades del Puerto de La Libertad y 3. las violaciones a los derechos a la participación e información, al medio ambiente sano y al agua por las irregularidades en los procesos previos y durante el proceso de consulta del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel.
Este informe pone énfasis en la situación de las personas defensoras del derecho humano al agua, que es fundamental para garantizar una vida digna y el derecho a la salud, se enfrentan a múltiples desafíos en El Salvador. Se han tenido que organizar ante la desatención del Estado y el incumplimiento de su responsabilidad de tutelar el derecho de acuerdo lo establecido por la Organización de Naciones Unidas en la Resolución 64/92 y en la Observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para realizar acciones encaminadas a garantizar el acceso al agua de acuerdo a los principios que establece la garantía de este derecho fundamental.
Ante situación respetuosamente solicitamos a CIDH:
Sea Admitido informe para conocer de los hechos y situaciones entorno al actuar del Estado Salvadoreño sobre Derecho humano al Agua.
Incorporar en su comunicado preliminar y su informe de país recomendaciones al Estado Salvadoreño sobre este Tema tan determinante para la salud y la vida de las comunidades más vulnerables y empobrecidas de nuestro país.
Se admita la petición en situaciones de gravedad y urgencia en Caso de Criminalización de los defensores de Tacuba y se emitan medidas cautelares.
¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!
¡El agua es un derecho humano, no una mercancía!
San Salvador, 2 de diciembre de 2019.