En conferencia de prensa líderes de las 7 Comunidades del municipio de Tacuba, del departamento de Ahuachapán, con el acompañamiento del Foro del Agua, PRO-VIDA, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua y la Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos (PDDH), con la presencia del alcalde de Tacuba, Carlos Milla, hicieron público el posicionamiento ante la reciente resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de resolución del 21 de julio del presente año, que declaró absueltos a los defensores del derecho al agua del cometimiento del delito de hurto de energía o fluidos, corrigiendo lo actuado por el Tribunal de Sentencia y la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, ambos con sede en Ahuachapán, reconociendo que lo anterior deja en evidencia que la Fiscalía General de la República (FGR), ha pretendido utilizar al sistema judicial para tratar de enjuiciar a defensores de derechos humanos con el fin de reprimir las legítimas luchas de las comunidades en la defensa del agua y de los bienes comunes.
COMUNICADO DE PRENSA
El 22 de julio de 2019 se cumplieron 3 años de la captura injusta de líderes defensores de derechos humanos, específicamente del derecho al agua y de la gestión comunitaria del agua en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán. Ante este hecho abominable los habitantes de las 7 comunidades han exigido justicia a favor de sus líderes ante el sistema judicial.
Las 7 Comunidades de Tacuba han luchado por preservar su sistema comunitario de provisión de agua, que beneficia a aproximadamente 2,000 familias, ya que el exalcalde del partido ARENA, Joel Ramírez Acosta, retorciendo las leyes pretendió adueñase del referido sistema y ante la resistencia popular recurrió a criminalizar la legítima lucha por el agua y contó con la colaboración del fiscal auxiliar Miguel Santiago Gross Salazar, que sin pruebas han intentado la condena de los defensores de los derechos humanos.
La presión de las comunidades y de las organizaciones sociales, la falta de pruebas y la profesionalidad del equipo jurídico contribuyó que el Juez de Paz de Tacuba determinara que no había motivo para que permanecieran presos y fueron liberados el 31 de julio de 2016, el proceso continuó sin encarcelamiento.
Durante el proceso judicial los defensores de los derechos humanos han contado con el apoyo incondicional de los habitantes de las 7 comunidades, PRO-VIDA, Foro del Agua, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, ADESCOS, otras redes del movimiento social y Juntas de Agua de distintas zonas del país, respaldo de organizaciones internacionales que han observado el proceso de cerca, exigen justicia y un alto a la criminalización de los defensores del derecho humano al agua.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de resolución del 21 de julio del presente año, declaró absueltos a los defensores del derecho al agua del cometimiento del delito de hurto de energía o fluidos, corrigiendo lo actuado por el Tribunal de Sentencia y la Cámara de la Tercera Sección de Occidente ambos con sede en Ahuachapán.
Con lo anterior, queda en evidencia que la FGR ha pretendido utilizar al sistema judicial para tratar de enjuiciar a defensores de derechos humanos con el fin de reprimir las legítimas luchas de las comunidades en la defensa del agua y de los bienes comunes.
Con el cambio de gobierno municipal se iniciaron los diálogos con el actual alcalde señor Carlos Milla, quien se ha comprometido “a devolver el sistema de agua a sus legítimos propietarios: las 7 comunidades de Tacuba”, y además promovió que el Concejo Municipal de Tacuba desista de la persecución penal. En ese sentido, se han realizado siete asambleas comunitarias para elegir a las personas delegadas y refundar en una “Asamblea General” la Asociación de Desarrollo Comunal La Bendición de Dios (ADESCOBD), y así elegir la “Junta Directiva” que recibirá legalmente el sistema de provisión de agua potable, y así el patrimonio comunitario retorne a sus legítimos propietarios.
Las asambleas mencionadas se realizaron con la presencia del alcalde de Tacuba Lic. Carlos Milla, con una delegación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PRO-VIDA), Equipo Jurídico de defensa, Foro de Agua, acompañado de asimismo la observación internacional y seguimiento de entidades extranjeras como Solidaridad Internacional ANDALUCÍA, Alianza por la Solidaridad, OXFAM, CISPES, SHARE, Colectivo Madre Selva, entre otros grupos de solidaridad y el Tribunal Latinoamericano del Agua.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha acompañado el proceso como ente garante del respeto de los Derechos Humanos de los defensores y la promoción del Dialogo, así como el seguimiento a la construcción de una Hoja de Ruta hasta la resolución definitiva del Conflicto.
Las 7 Comunidades de Tacuba tienen la confianza que el señor alcalde Carlos Milla honrará su palabra, ya que públicamente ha reiterado que devolverá el sistema de agua potable a la legítima y legal propietaria que son las 7 comunidades y así poner fin a este proceso.
Con este proceso organizativo, social y jurídico se ha demostrado que las vías para la resolución de conflictos son el abandono a la criminalización de defensores y el reconocimiento pleno de la Gestión Comunitaria del agua, a través del dialogo, respeto mutuo y el entendimiento para la vigencia plena del derecho humano al agua de las 7 comunidades de Tacuba.
Queda demostrado que es urgente y necesario la aprobación de una Ley General de Aguas que reconozca la gestión comunitaria del agua y asegure la plena vigencia del derecho humano al agua y excluya cualquier modalidad de privatización.
San Salvador, 21 de agosto de 2019.
