Hoy en concentración frente a las oficinas de la ANEP, las organizaciones que integramos la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua en El Salvador ante la opinión pública nacional e internacional en el marco de la coyuntura nacional generada por el escandaloso caso de corrupción del ex presidente Elías Antonio Saca, en el que se han visto vinculados una serie de dirigentes políticos de ARENA y ANEP como receptores de miles de dólares en concepto de destinatarios de los fondos de desfalcados, expresa:
Que existe una clara estrategia por parte de la derecha oligárquica por privatizar el agua en el país, mediante la aprobación de la Ley Integral de Aguas presentada por los partidos de derecha (ARENA, GANA, PCN y PDC) en nombre de la ANEP, en la que se garantiza mayoría absoluta de la junta directiva a la ANEP y sus cámaras empresariales, con el objeto que puedan tomar todas las decisiones sobre el agua en el país, pudiendo establecer cuáles son los usos prioritarios, quién y de cuánta agua disponen las empresas, cuánto pagan; con ello se convierten en derechos de las empresas, todas las irregularidades que hasta hoy son violaciones al derecho al agua de la población más pobre del país.
Que el país está inmerso en una escandalosa coyuntura generada por la judicialización del caso del Ex Presidente de la República y expresidente del partido ARENA Sr. Elías Antonio Saca, en el que hasta la fecha se ha ventilado un desfalco de alrededor de $320 millones de las arcas del Estado, los cuales tuvieron entre sus destinos: el mismo partido ARENA y un amplio listado de funcionarios del gobierno de ese tiempo que actualmente continúan en ese partido, o en cargos de dirección en ANEP y sus cámaras empresariales.
Que el actual presidente de la ANEP, sr. Luis Cardenal aparece vinculado al caso de los sobresueldos del gobierno de Saca por recibir alrededor de $600,000 durante todo el periodo de gobierno; de igual forma el actual presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador Sr. Mario Salaverría con una transferencia mensual de $7000, recibiendo un total de $420 mil. Lo que es un factor muy grave porque ambas instancias financian a la derecha legislativa con el objeto de privatizar el agua en el país.
Que la presencia de empleados de la ANEP y sus cámaras empresariales en las juntas directivas de las empresas autónomas no ha tenido como objetivo, ni ha sido garantía de eficiencia, ni de transparencia en la administración de los bienes y servicios públicos bajo tutela, sino más bien ha buscado contar con información privilegiada de las instituciones para facilitar los negocios a la oligarquía. Así lo demostró el escandaloso caso de corrupción de Carlos Perla quien fue condenado a quince años de prisión bajo los cargos de peculado (defraudación al Estado), negociaciones y asociaciones ilícitas, delitos que cometió cuando era presidente de ANDA entre 1994 a 2002, y por el que aún continúan juicios de cuentas con el objeto de regresar al erario público alrededor de $18 millones desfalcados; periodo en el que pese a que existía representación de CASALCO en la Junta de Gobierno de la autónoma, no se registró, ni una sola denuncia pública de las gremiales ante tan indignante caso. Por lo que su participación más que garantía de transparencia, fue “complice”, “tapaderas” de la corrupción de los funcionarios de ARENA, ocurrida en ANDA y otras autónomas.
Que el agua es un elemento esencial para la vida y las actividades productivas del país, por lo que debemos luchar sin cansancio por construir una institucionalidad fuerte, con personas capaces y probas, comprometidas con la población más vulnerable del país.
Ante esta situación la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua reitera su exigencia a la Asamblea Legislativa que apruebe una Ley General de Aguas en la que se mantenga a la ANEP y sus cámaras empresariales fuera de la autoridad del agua, y se garantice la gestión pública con participación ciudadana, sustentabilidad y el derecho humano al agua. Para ello, es necesario tomar como base de la discusión la propuesta de Ley presentado por el Foro del Agua en el año 2006, que se incluyan los 92 artículos aprobados durante la legislatura 2012 – 2015 y en el tema institucional la propuesta presentada por la UCA en 2017.
¡EL AGUA NO SE VENDE, SE CUIDA Y SE DEFIENDE!
¡EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO NO UNA MERCANCÍA!
San Salvador, 30 de agosto de 2018
