Las organizaciones que integramos la Mesa de Justicia Climática de El Salvador: La Vía Campesina, La Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central (FECORACEN) , La Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), La Mesa de Soberanía Alimentaria, ECOS de El Salvador, Mujeres Rurales (AMSATI), Asociación de Mujeres Mélida Anaya Montes, La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), Mesa de Pueblos Indígenas Frente al Cambio Climático, Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, PROVIDA; Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS; y Fundación Mundubat, a la población salvadoreña en general y a la Comunidad Internacional informamos hoy en conferencia de prensa que al cierre del año 2020 la crisis alimentaria es preocupante por los impactos de la pandemia por COVID 19 y el paso de los huracanes ETA y IOTA que, a pesar de que no golpearon directamente el país, sí generaron considerables pérdidas en la producción de maíz y principalmente en la cosecha de frijol. En algunos territorios esta pérdida alcanza hasta el 90%.
La deficiente gestión por parte del Estado Salvadoreño, particularmente ante el manejo de la pandemia por COVID19, ha agudizado la pobreza en la mayoría de la población y beneficiado al sector empresarial por fuertes negocios con fondos del Estado. Los recursos del Estado y las millonarias deudas contratadas están siendo utilizadas principalmente para hacer campaña adelantada mediante medidas populista para lograr colocar diputados y alcaldes en las elecciones del 2021 y con ello evadir aún más, los débiles controles establecidos por nuestro deficiente sistema democrático.
El Estado Salvadoreño cierra este año con muchas deudas en políticas públicas y cumplimiento de derechos al campesinado, población indígena y otras personas que trabajan en las zonas rurales:
Se han eliminado cuatro programas de apoyo al sector agropecuario impulsados por gestiones anteriores. Agricultura Familiar, acuicultura familiar en municipios de mayor pobreza, desarrollo y modernización rural y atención comunitaria. También le recortó millones de dólares al programa de Paquetes Agrícolas, afectando a 27,000 familias campesinas.
Producto de las afectaciones de las tormentas tropicales de Cristóbal, Amanda, ETA y IOTA la producción agrícola se ha visto afectada en la producción de frijol, maíz, hortalizas, sin que el gobierno haya apoyado la recuperación de lo perdido. Como consecuente se ha gestado una crisis alimentaria para todas las familias que cultivan para autoconsumo y comercialización del excedente.
Por tanto, hacemos las siguientes exigencias:
Velar por la seguridad de las mujeres campesinas impulsando acciones para una vida libre de violencia para las mujeres rurales, para que disfruten sin discriminación ni violencia todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Establecer un proceso de respuesta de las entidades competentes del Gobierno salvadoreño, ante la pandemia del COVID-19 para brindar todo el apoyo necesario a comunidades y organizaciones campesinas, de agricultores, mujeres agrícolas, cooperativistas, a pequeños y medianos productores (campesinos, pescadores, etc.) para garantizar la producción de alimentos.
Implementar políticas basadas en la Agroecología para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la población salvadoreña a nivel nacional, local y regional, para apoyar la producción de alimentos de buena calidad, sanos, nutritivos y frescos para toda la población salvadoreña, garantizando la justicia alimentaria en un marco de justicia económica, social y cultural.
Una política agraria, laboral y social que garantice salarios y condiciones dignas para las personas trabajadoras rurales, evitando abusos y despidos.
Terminar con la política de ANDA de firmar convenios con las empresas constructoras para despojar del agua a las comunidades urbanas y campesinas, y exigir al Ministerio de Medio Ambiente el retiro del permiso ambiental a la empresa de la familia Dueñas para la construcción del proyecto Valle del Ángel, y en lugar de ellos, siga los procedimientos establecidos en la Ley y resuelva en favor del bien común y no de la empresa constructora.
A la Asamblea Legislativa:
Legisle a favor de los derechos fundamentales del campesinado en el país, como la aprobación de la Ley General de Aguas, que hace más de 14 años está en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, en espera de aprobación.
Aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria, que está en manos de la Comisión de Medio Ambiente sin lograr avances para su aprobación.
Al Ministro de Agricultura y Ganadería,
Que implemente políticas agroecológicas que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria de toda la población salvadoreña.
Que instale una mesa de interlocución, consulta y de toma de decisiones en la que de forma activa se incorporen de inmediato para ser parte de la toma de decisiones en la implementación de esas políticas.
Que termine con la política de importar alimentos y granos básicos de calidad deficiente afectando a pequeños productores nacionales.
Al Representante de la FAO El Salvador
El cumplimiento al mandato respecto a la implementación del proyecto RECLIMA en el corredor seco del país, para que se ejecute, ya que debió haber iniciado en 2019 e implementado el año 2020, pero aún no llegan los beneficios al campesinado, en las zonas definidas en dicho proyecto.
San Salvador, 18 de diciembre de 2020
