Cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, para hacer conciencia de la necesidad de lograr la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos fundamentales y la equidad. Cuando no existe justicia social no se puede hablar de una sociedad en paz y de un futuro próspero para los niños y las niñas.
El Salvador enfrenta una serie de violaciones de derechos fundamentales, que pone en riesgo a la población al permanecer en un régimen de perdida de garantías constitucionales.
El modelo de desarrollo que sigue implementándose en El Salvador continúa privilegiando la ganancia sobre la vida, la concentración de la riqueza en pocas manos, provocando desigualdad, denegando así la justicia social.
La dura situación que enfrentan las familias en comunidades, sobre todo en condiciones de mayor vulnerabilidad ante la crisis alimentaria por el ya insoportable costo de los alimentos y los bajos salarios es muestra de la enorme desigualdad sin políticas claras del estado por erradicar esa desigualdad que es la que no permite lograr la justicia social.
Cuando no se respetan los derechos fundamentales basados en necesidades básicas, como derecho a la vivienda, a la educación, a la libre expresión y a ser tratados con dignidad y respeto, se profundiza la desigualdad. Los gobiernos están obligados a garantizar los derechos fundamentales y no ser los causantes de la violación de estos derechos.
Cuando estas necesidades fundamentales no se satisfacen nos encontramos frente a inequidades, lo que convierte estas situaciones en injusticias y que pueden ser evitadas.
La decisión de promover o de negar la justicia social está en manos de las personas, ya sea a escala individual, local, nacional o mundial, donde los Estados y Gobiernos tienen una gran responsabilidad en todas sus acciones.
